La reforma migratoria impulsada por el presidente Javier Milei es una medida fundamental para garantizar el orden, la seguridad y la equidad en el acceso a los recursos del Estado. Lejos de ser una medida xenófoba, se trata de un acto de sentido común y soberanía que muchos países ya aplican desde hace décadas.
Argentina es uno de los pocos países en el mundo donde los extranjeros pueden acceder de manera casi inmediata y gratuita a servicios públicos como la salud, la educación y los planes sociales, sin mayores requisitos. En otros países, estos beneficios están restringidos exclusivamente para ciudadanos o residentes legales con años de contribuciones previas. Allí, la salud no es gratuita, la educación superior es paga, y acceder a cualquier tipo de ayuda estatal implica trámites rigurosos, verificación de antecedentes, y, en muchos casos, la exclusión directa del extranjero que no cumple con los criterios.
Lo paradójico es que incluso hay casos documentados y viralizados en redes sociales donde ciudadanos argentinos no han podido recibir atención médica urgente en países vecinos o desarrollados, simplemente por no tener seguro, no ser residentes o no poder pagar. En cambio, Argentina ha mantenido durante años una política de brazos abiertos sin reciprocidad, generando un desequilibrio injusto para sus propios ciudadanos.
La reforma de Milei apunta a corregir este desequilibrio. No se trata de cerrar las puertas a los inmigrantes, sino de establecer reglas claras y justas: quien viene a trabajar, producir y respetar la ley, es bienvenido; pero quien viene a delinquir, evadir responsabilidades o aprovecharse de los recursos públicos, debe enfrentar consecuencias claras, incluida la expulsión.
La medida también busca revalorizar la ciudadanía argentina, defender el aporte de los contribuyentes y asegurar que los recursos del Estado estén disponibles, en primer lugar, para quienes viven, trabajan y construyen el país día a día.
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